Desafíos para el debate sobre el tejido productivo local en Villa Mercedes y San Luis
CPN Mariana Rodríguez
Las pequeñas y medianas empresas ocupan un lugar paradójico en el debate económico argentino: son, al mismo tiempo, el segmento más vulnerable a la coyuntura y una de las soluciones estructurales que el desarrollo territorial requiere. Sostener esta doble condición, en lugar de optar por miradas sesgadas, permite identificar con mayor precisión qué condiciones institucionales, financieras y formativas necesitan las pymes para cumplir el rol que la evidencia disponible les atribuye.
Un actor estructural con debilidades persistentes
La literatura especializada documenta el peso decisivo de las pymes en la generación de empleo: las firmas de entre 10 y 200 trabajadores explican el 44% del empleo formal del país, proporción que trepa al 64% al incorporar a las microempresas (Gasparini y Ottone, 2018).
En la industria, las empresas de hasta 250 empleados generan casi la mitad del empleo manufacturero, y el salario tiene allí una participación en el valor agregado muy superior a la de las grandes firmas, lo que las convierte en un factor de distribución progresiva del ingreso.
Junto a estas fortalezas persisten limitaciones estructurales. La principal es el acceso al financiamiento: la fuente predominante de inversión sigue siendo la reinversión de utilidades propias, lo que ata la capacidad de crecimiento al ahorro previamente acumulado. A esto se suma una fuerte heterogeneidad interna —las pymes concentran buena parte de la informalidad laboral del país, aunque son también la principal puerta de entrada al empleo juvenil— y una brecha de productividad frente a las grandes empresas mucho mayor que la observada en países como Alemania. La pyme no es “buena” ni “mala” en sí misma: es un actor estructuralmente más frágil que requiere condiciones específicas para sostener su aporte al desarrollo.
La coyuntura 2024-2026: un ajuste que golpea de manera específica al segmento
Sobre ese cuadro estructural se monta una coyuntura que tensiona en particular a las pymes mercadointernistas. Los informes del Observatorio IPA y de la consultora Marca PYME documentan una caída industrial de magnitud inédita en la comparación internacional, con una recuperación irregular que sus propios analistas describen como de “piso pegajoso”: mejoras puntuales seguidas de nuevas caídas.
Los datos oficiales sistematizados por IPA en abril de 2026 permiten dimensionar el ajuste: entre diciembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 326.864 empleos formales en el conjunto de la economía, con una caída de casi 80.000 puestos en la industria manufacturera. La cantidad de empleadores aportantes cayó por debajo de las 500.000 unidades. En el frente productivo, febrero de 2026 marcó ocho meses consecutivos de contracción industrial, con catorce de dieciséis sectores en retroceso y una utilización de la capacidad instalada del 54,6%, uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años. La inflación, lejos de aliviar la situación, acumuló 32,6% en los doce meses previos a marzo de 2026, mientras el consumo masivo caía y se sostenía crecientemente con financiamiento vía tarjeta.
Conviene distinguir productividad de competitividad: una empresa puede mejorar todos sus procesos internos y aun así ver limitada su participación de mercado por variables sistémicas—tipo de cambio, costo del crédito, logística, marco arancelario—. Esto tiene una implicancia directa para el diseño de políticas: sin coordinación con el marco macroeconómico, las políticas pyme aisladas tienen un alcance acotado. A la contracción del consumo, las tasas reales elevadas, la apertura importadora y la presión fiscal se suma la disolución de la Secretaría PYME de la Nación en 2024.
El territorio: San Luis y Villa Mercedes
Una consecuencia poco visible de este proceso es el desplazamiento de trabajadores hacia la informalidad y las plataformas digitales, un fenómeno que el indicador clásico de desempleo no siempre logra captar.
La dimensión territorial añade densidad a este panorama. El tejido industrial de San Luis no es espontáneo: es el resultado de cuatro décadas de políticas de promoción industrial iniciadas en los años ochenta, de las cuales Villa Mercedes fue uno de los nodos centrales. Eso le dejó capacidades acumuladas —mano de obra calificada, infraestructura logística, parques industriales— pero también una sensibilidad particular a los cambios en ese marco de promoción. La provincia no quedó al margen de la retracción nacional: distintas fuentes periodísticas documentan cierres y reducciones de personal en ramas emblemáticas del modelo puntano (textil, calzado, autopartes, alimentos, cerámicos, etc.), con una estimación de alrededor de 4.400 puestos de trabajo registrados perdidos desde fines de 2023 y una caída del empleo registrado cercana al 8%. Aparece aquí una paradoja que interesa especialmente al trabajo de un observatorio: según el INDEC, la desocupación en el Gran San Luis se ubicó en el cuarto trimestre de 2025 en apenas 1,5%, una de las tasas más bajas del país, cifra que convive con los cierres mencionados. La hipótesis más razonable es que buena parte del empleo formal perdido está siendo absorbido por informalidad, autoempleo de subsistencia o trabajo de plataformas, sin traducirse en un aumento de la desocupación medida.
En el plano de las políticas públicas, se destaca la reincorporación de San Luis al Consejo Federal de Inversiones a fines de 2024, tras dieciocho años de ausencia, que habilitó líneas de financiamiento pyme de entre 4 y 200 millones de pesos para proyectos productivos y de competitividad, junto con el relevamiento de parques industriales y la articulación con instituciones de formación técnica provinciales.
El aporte de la Universidad
La evidencia sobre desarrollo territorial muestra que la densidad institucional —la existencia de espacios estables de articulación— distingue a los territorios con capacidad de respuesta ante las crisis productivas de aquellos con trayectorias de retracción sostenida (Borello, Carmona y Couto, 2020). En ese entramado, la universidad pública ocupa un lugar que no reemplaza al Estado, a las cámaras empresarias ni a las representaciones sindicales, pero que resulta insustituible ya que un déficit es poder contar con capacidades técnicas para formular proyectos y acceder a líneas de financiamiento: allí la asistencia universitaria puede marcar una diferencia concreta.
Experiencias del Conurbano bonaerense —como el Programa de Promoción de Exportaciones de Berazategui, el Profex de Florencio Varela o el Centro de Formación de Almirante Brown, articulados con la Universidad Nacional de Quilmes— muestran el valor de mesas estables entre municipio, cámaras y universidad sostenidas en el tiempo (Giudicatti y Bazque, 2020).
Desafíos y reflexiones
El informe completo propone cinco preguntas para orientar la discusión, no como propuestas cerradas sino como áreas de problematización. La primera interpela la falta de información territorial sistemática: ¿cuántas pymes operan en la región, qué empleo generan?, ¿cuáles son sus trayectorias de creación y cierre? La segunda apunta a la continuidad institucional: ¿es posible sostener una mesa estable entre cámaras, municipio, provincia, sindicatos y universidades, con agenda de mediano plazo y no solo de coyuntura? La tercera problematiza el financiamiento como paquete integrado —crédito, asistencia técnica para la formulación y acompañamiento durante la ejecución— antes que como mera disponibilidad de fondos. La cuarta recupera la dimensión formativa, dado que las pymes pierden competitividad también por dificultades para incorporar y retener personal técnico calificado. La quinta invita a asumir que la universidad pública tiene en esta agenda un rol específico —no asimilable al del Estado ni al del sector privado—, basado en la producción de información independiente, la formación de cuadros y el acompañamiento técnico.
Finalmente, aquel punto de partida puede reformularse con mayor precisión: las pymes son a la vez el sector más sensible de la coyuntura y una de las soluciones estructurales que el territorio necesita. Sostener esa doble condición implica correr la pregunta desde cómo salvar pymes en abstracto hacia qué tipo de pymes queremos sostener, en qué territorio y con qué entramado institucional. Y en este sentido, las decisiones que se tomen en los próximos meses, en el Estado, en las cámaras, en los sindicatos y en las universidades, van a configurar el escenario productivo de Villa Mercedes y San Luis para la próxima década.