La salud mental de niños, niñas y adolescentes no puede explicarse exclusivamente como un fenómeno individual, sino que debe ser abordada como una problemática social, histórica y multidimensional. A lo largo de las últimas décadas, las problemáticas vinculadas con la salud mental en la niñez y la adolescencia han adquirido una creciente visibilidad, consolidándose como una problemática social relevante dentro de la agenda pública y de las políticas sociales.
Niños, niñas y adolescentes atraviesan un conjunto amplio y heterogéneo de situaciones que inciden en sus procesos subjetivos y en sus condiciones de bienestar. Entre ellas pueden mencionarse las dificultades vinculadas con la alimentación, las distintas formas de violencia, los consumos problemáticos, los obstáculos en los procesos de aprendizaje, redes primarias vulnerables, las experiencias de rechazo y exclusión, entre otras. Estas situaciones no pueden comprenderse de manera aislada ni atribuirse únicamente a características individuales, familiares o biológicas.
En este sentido, resulta importante recuperar los aportes de Silvia Faraone(2020), quien propone abordar la salud mental en el marco de los procesos de desigualdad social. Desde esta perspectiva, los padecimientos subjetivos no constituyen fenómenos individuales, aislados o atomizados, sino que se encuentran estrechamente vinculados con las condiciones sociales y estructurales que afectan de manera a niños, niñas y jóvenes. La salud mental constituye, entonces, un campo atravesado por tensiones entre derechos, políticas públicas, saberes profesionales y diferentes modelos de intervención. (Faraone & Barcala, 2020).
En la sociedad de hoy en día, caracterizada por una fuerte presencia de la lógica del mercado, existe una tendencia a reducir a problemas individuales susceptibles, que deben ser diagnosticados y medicalizados. El escenario globalizado actual, atravesado por la inmediatez, el consumo y la influencia de las redes sociales, intensifica estas tensiones. Los y las adolescentes transitan espacios atravesados por exigencias vinculadas con el rendimiento, el éxito, el cuerpo y el consumo, que
pueden profundizar experiencias de angustia, ansiedad, malestar y sufrimiento psíquico.
En este contexto, el concepto de medicalización resulta central para analizar las problemáticas de salud mental en la niñez y la adolescencia. Esto no implica negar la importancia de los tratamientos médicos o farmacológicos cuando resultan necesarios, sino problematizar una tendencia que reduce complejas situaciones sociales, familiares, educativas y subjetivas a supuestos déficits individuales. De este modo, la medicalización puede transformar malestares sociales y relacionales en trastornos individuales, dejando en un segundo plano dimensiones fundamentales como las historias de vida, los vínculos socioafectivos y los contextos socioculturales. (Dueñas, s. f.).
Como advierte Faraone, determinadas respuestas pueden inscribirse en lógicas tecnocráticas atravesadas por demandas institucionales y por manuales diagnóstico-normativos, como el DSM, que corren el riesgo de limitar la escucha y la comprensión situada de las experiencias de niños, niñas y adolescentes. El desafío consiste en evitar que las categorías diagnósticas sustituyan la comprensión de las historias de vida, los vínculos y el contexto.Frente a este panorama, resulta imprescindible recuperar una perspectiva que reconozca a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta perspectiva implica una responsabilidad fundamental del Estado en la garantía del bienestar integral y requiere el desarrollo de políticas públicas capaces de proteger, promover y garantizar efectivamente sus derechos.
Desde esta mirada, toda intervención clínica, educativa, social o comunitaria debería priorizar la escucha, la comprensión y el acompañamiento. Los enfoques críticos en salud mental permiten cuestionar las respuestas exclusivamente individualizantes y construir estrategias de intervención que reconozcan la complejidad de las problemáticas que atraviesan las infancias.
En síntesis, las políticas vinculadas con la salud mental de los y las adolescentes continúan operando, en muchos casos, bajo lógicas focalizadas y fragmentarias, fuertemente influenciadas por el paradigma médico. Esto puede traducirse en respuestas que priorizan la medicalización del malestar por sobre la construcción de condiciones sociales, institucionales y comunitarias capaces de sostener y acompañar los procesos subjetivos.
Cuestionar estas políticas no implica negar la rechazar las intervenciones médicas cuando son necesarias. Por el contrario, implica disputar los modos en que el Estado y las instituciones comprenden e intervienen sobre la salud mental. Supone reconocer que detrás de un diagnóstico existe un sujeto de derecho, con una historia, vínculos y condiciones concretas de existencia. Pensar la salud mental como una problemática social implica, entonces, avanzar hacia políticas e intervenciones integrales que garanticen derechos y reconozcan la complejidad, singularidad y potencialidad de niños, niñas y adolescentes.