Reflexiones sobre la crisis de solvencia y la preservación de la empresa
Prof. Adjunto Derecho Concursal
En las facultades se habla mucho de cómo hacer crecer una empresa: escalabilidad, valuación de activos, estructura de capital, estrategias comerciales. Se habla bastante menos de qué hacer cuando la empresa deja de poder pagar. La crisis patrimonial aparece en las aulas, si aparece, como un tema incómodo, casi como algo que les pasa a otros.
Afuera de la facultad pasa algo parecido. “Concurso preventivo” y “quiebra” son palabras que en el mercado se dicen en voz baja. En los medios y en las charlas entre empresarios, presentarse en concurso se lee como sinónimo de fracaso o, peor, como una maniobra para no pagarles a los acreedores. Ese prejuicio tiene un costo concreto: por miedo a admitir que hay problemas, los directivos postergan las decisiones de fondo hasta que ya no queda nada que salvar.
El derecho concursal no nació para castigar ni para liquidar compañías. La Ley 24.522 de Concursos y Quiebras (LCQ) es, ante todo, una herramienta para ordenar la crisis, repartir sus costos entre los acreedores de manera pareja y preservar lo que tiene valor: la empresa y, sobre todo, las fuentes de trabajo que dependen de ella.
Un freno de emergencia reglado por la ley
Ninguna empresa está a salvo de los vaivenes de la economía. Una recesión larga, un salto del tipo de cambio, la pérdida de un cliente importante o un cambio de reglas pueden dejar sin aire a una empresa que, en lo comercial, funciona. Cuando esa falta de aire deja de ser un mal momento y se convierte en un estado general y permanente, en el que el patrimonio ya no alcanza para pagar regularmente las deudas a medida que vencen, hablamos de cesación de pagos: el presupuesto que exige la LCQ para abrir un concurso.
Frente a eso, muchos empresarios eligen el “yo puedo arreglar esto solo” y viven del parche diario: venden mercadería a pérdida, dejan de pagar cargas sociales o se financian en circuitos informales a tasas usurarias para calmar al acreedor que más presiona. Nada de eso resuelve el problema. Solo acelera la descapitalización y termina favoreciendo a unos pocos acreedores en perjuicio del resto.
El concurso preventivo funciona como un botón de pausa legal. Desde su apertura se suspenden los juicios de contenido patrimonial contra la empresa y no pueden iniciarse nuevos por deudas anteriores, con las excepciones que la propia ley prevé. Y presentarse no significa entregar las llaves: la empresa conserva la administración de su patrimonio, bajo la vigilancia de un síndico designado por el juzgado y solo los actos que exceden la administración ordinaria requieren autorización judicial.
La discusión con los acreedores deja de darse a fuerza de intimaciones y embargos y pasa a una mesa de negociación colectiva con reglas claras. La empresa ofrece una propuesta de pago, que puede incluir quitas, esperas, ambas cosas u otras alternativas. Si obtiene las mayorías legales y el juez la homologa, el acuerdo obliga a todos los acreedores quirografarios de causa anterior, incluso a los que votaron en contra.
Dos caminos distintos: sanear o liquidar
Uno de los errores más comunes es usar “concurso” y “quiebra” como si fueran lo mismo. Los dos aparecen frente a una crisis patrimonial, pero buscan cosas opuestas.
El concurso preventivo busca que la empresa salga del ahogo financiero y siga funcionando. La quiebra, en cambio, es un proceso liquidativo: ya no apunta a recuperar al deudor sino a vender sus bienes para repartir lo obtenido entre los acreedores.
Cambia también quién maneja la empresa. En el concurso no hay desapoderamiento, la administración sigue en manos de sus dueños y directivos, que son quienes conocen el negocio. En la quiebra, el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes y es el síndico quien pasa a administrarlos y disponer de ellos.
Mientras dura el concurso, la empresa sigue con las persianas abiertas, produce, factura, vende y paga sueldos. En la quiebra la regla es el cese de la actividad, aunque la ley permite continuar la explotación cuando cortarla causaría un daño grave o destruiría valor, incluso a cargo de una cooperativa de sus propios trabajadores. La ley además prefiere vender la empresa en marcha, como una unidad. En la práctica, sin embargo, en la gran mayoría de los casos los bienes terminan rematados por separado y por una fracción de lo que valían juntos.
La diferencia más sensible es la que toca a las personas. El concurso permite conservar los puestos de trabajo y lo que no figura en el balance: la clientela, la marca, la red de proveedores. Si termina con un acuerdo homologado, la empresa vuelve al circuito productivo. La quiebra suspende los contratos de trabajo por sesenta días; si en ese plazo no se decide continuar la explotación, quedan disueltos. Y para una sociedad, la declaración de quiebra es causal de disolución.
El factor decisivo: llegar a tiempo
Si el concurso preventivo ofrece tanta protección, ¿por qué tantas empresas terminan en quiebra? Casi siempre la respuesta es la misma, llegaron tarde.
El error no está en concursarse, sino en hacerlo cuando ya no queda margen. El empresario que, por miedo al qué dirán o por orgullo, se presenta cuando ya no tiene caja, con las cuentas embargadas y meses de sueldos adeudados, presenta un concurso que nace muerto. Sin un mínimo de capital de trabajo para sostener la operación durante el proceso, no hay propuesta de pago creíble posible, y el concurso suele terminar en una quiebra indirecta.
Demorar la decisión también tiene costos personales. Quienes con dolo agravan la insolvencia de la empresa pueden responder con su propio patrimonio. Y si, para sostener la situación, se recurre a maniobras como ocultar bienes o simular deudas, el Código Penal tipifica la quiebra fraudulenta. Presentarse a tiempo, en cambio, es la mejor prueba de buena fe y de una gestión diligente.
Por eso, concursarse a tiempo no es una señal de debilidad ni una derrota. Es una decisión de gestión madura: usar en el momento justo una herramienta que la ley pone a disposición para reordenar las deudas, cuidar los puestos de trabajo y permitir que una empresa que genera valor siga en pie.