Pensemos en una ciudad que enfrenta problemas relacionados con la acumulación de residuos en espacios públicos. Frente a esta situación, se podrían considerar distintas alternativas: comprar nuevos camiones recolectores, reorganizar los recorridos y horarios de recolección, desarrollar acciones de concientización ciudadana o incluso rediseñar el sistema de manera integral. Todas ellas representan potenciales impactos, pero ¿cuál permitiría abordar el problema de manera más efectiva y eficiente?
La respuesta dependerá de la comprensión de las causas, la magnitud y las características del contexto que rodean a la situación problemática. Un diagnóstico adecuado permite identificar los factores que explican esa situación para dar lugar (si es que pasa a formar parte de la agenda pública) a la formulación de alternativas, con el objetivo de orientar los recursos hacia las intervenciones con mayores posibilidades de producir los resultados esperados.
Este ejemplo cotidiano refleja una cuestión central de la gestión pública, comprender adecuadamente los problemas constituye un paso fundamental para mejorar la calidad de las decisiones y promover un uso más eficiente de los recursos públicos. Las políticas públicas, en resumen, son intervenciones del Estado orientadas a abordar situaciones de interés colectivo. En su desarrollo se involucran decisiones políticas, capacidades institucionales, recursos económicos y múltiples actores sociales.
A partir de los aportes pioneros de Harold Lasswell en 1956, quien propuso analizar el proceso de decisión de acciones públicas mediante distintas funciones, se desarrollaron enfoques que permiten comprender el ciclo de las políticas públicas a través de etapas como: identificación de problemas, incorporación a la agenda pública, formulación de alternativas, toma de decisiones, implementación, monitoreo y evaluación. Aunque es verdad que estas instancias no siempre se desarrollan de manera lineal y progresiva, permiten reconocer la importancia del diagnóstico como fundamento base para orientar las intervenciones, ya que si está bien fundamentado el problema esto
permite reconocer prioridades, reducir incertidumbre y mejorar las posibilidades para seleccionar intervenciones eficientes.
Un diagnóstico de calidad necesita información que permita interpretar la realidad con la mayor precisión posible. Las estadísticas oficiales, los registros administrativos, las investigaciones del mundo académico y los relevamientos en territorio constituyen fuentes primordiales para dimensionar problemas, contrastar hipótesis e identificar sus posibles causas.
Sin embargo, los problemas públicos no pueden comprenderse únicamente mediante indicadores cuantitativos. Las experiencias y visiones de los actores involucrados también aportan información clave. Carlos Matus, referente de la planificación estratégica situacional, destaca la importancia de analizar los problemas considerando los intereses, las capacidades y las perspectivas de los distintos actores. De manera complementaria, Carol Bacchi propone reflexionar sobre cómo la manera de definir un problema público luego influye directamente en las soluciones que se consideran posibles.
Estos aportes contribuyen a reconocer que un buen diagnóstico combina evidencia técnica, conocimiento del territorio y participación y comprensión de los actores involucrados. Su finalidad es aportar mejores fundamentos para evaluar alternativas y anticipar sus posibles consecuencias.
Una vez comprendido el problema, el desafío consiste en transformar ese conocimiento en acciones concretas. Aquí se tornan relevantes las herramientas de formulación y gestión de proyectos, que permiten traducir objetivos en intervenciones factibles y organizar los recursos necesarios para implementarlas.
Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto, en su publicación sobre metodología del marco lógico para CEPAL-ILPES, destacan la importancia de analizar la matriz de interesados, identificar las relaciones entre causas y efectos y construir alternativas coherentes y consistentes con los objetivos marcados.
El árbol de problemas, por ejemplo, permite visualizar el problema central, sus causas directas e indirectas, y sus efectos, facilitando la comprensión de las raíces de la situación problemática. A partir de ese análisis, herramientas como el árbol de objetivos y el análisis de alternativas ayudan a identificar posibles líneas de intervención. Esta articulación resulta valiosa para mejorar por un lado la eficacia, si la entendemos como el grado de cumplimiento de los objetivos, y por otro lado la eficiencia, vinculada a la relación que existe entre resultados obtenidos y recursos utilizados.
Volviendo al ejemplo inicial, si la principal dificultad estuviera relacionada con la organización de los recorridos de recolección, una mejora logística podría generar resultados significativos sin necesidad de ampliar inmediatamente la cantidad de camiones. Si el diagnóstico revelara un problema concreto de capacidad, la inversión en equipamiento podría constituir una alternativa
justificada. En ambos casos, el diagnóstico permite fundamentar las decisiones y orientar los esfuerzos hacia soluciones más eficientes.
Los problemas públicos son dinámicos y muchas situaciones requieren respuestas inmediatas. El desafío consiste en decidir con la mejor evidencia disponible y mantener la capacidad de revisar las intervenciones cuando las circunstancias lo permitan y lo requieran.
A mi entender, fortalecer las capacidades de diagnóstico constituye una inversión en la calidad de las políticas públicas. Permite comprender mejor las necesidades colectivas, seleccionar alternativas fundamentadas y aumentar las posibilidades de alcanzar resultados óptimos mediante una utilización responsable de los recursos.
Incorporar sistemáticamente esta práctica podría realizarse a través de tres preguntas fundamentales: ¿qué problema buscamos resolver? ¿Cuáles son las causas directas e indirectas que lo generan? ¿Qué evidencia respalda ese diagnóstico?
Comprender mejor para decidir mejor es una condición esencial para construir políticas públicas más eficaces y eficientes.
