DESIGUALDAD SOCIAL Y BRECHAS TERRITORIALES EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS.- Dra. M. Roxana Lobos & Mg. Antonio R. Vargas

UNA APROXIMACIÓN MULTIDIMENSIONAL DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL (RST) A PARTIR DEL CENSO 2022

Dra. M. Roxana Lobos

Mg. Antonio R. Vargas

Para analizar, reflexionar e interpelar las dimensiones asociadas a la desigualdad social en la provincia de San Luis nos proponemos revisar lo que se denomina Responsabilidad Social Territorial (RST), perspectiva que entiende al territorio no como un contenedor pasivo, sino como un espacio flexible, dinámico y vivo donde convergen gobernanza, desarrollo, emergencia climática, relaciones de fuerzas, etc. Se trata de una construcción social y política atravesada por relaciones e interjuegos del poder, conflictos distributivos y asimetrías estructurales que hoy se profundizan en un contexto complejo.

Pensar en clave de RST exige primero comprender las desigualdades sobre las que se asienta el territorio. Siguiendo a Sen (2000), la desigualdad no se agota en el ingreso: importan las capacidades reales de las personas para vivir la vida que valoran: acceso a salud, educación, cultura, infraestructura digna, hábitat, entre otros, por ello entendemos que es necesario revisar también las relaciones de poder asumido y ejercido de manera desigual, conflictos distribuidos y disputas por el acceso al agua, el suelo, a la energía y a otros bienes comunes.

En este sentido, analizar la evolución del proceso de desarrollo a partir de balances económicos, sociales o indicadores de cumplimiento normativo solamente deja fuera una dimensión central: la forma en que las decisiones inciden sobre la estructura económica, social, cultural y ambiental de los territorios donde opera. Es necesario captar también las dinámicas relacionales en el sistema territorial.

Redefiniendo la Responsabilidad Social Territorial (RST): El Territorio como sistema y arena ético política

Para que la RST trascienda el plano declarativo y se convierta en una herramienta efectiva de análisis e intervención, resulta necesario abandonar la idea del territorio como un simple soporte físico o una delimitación administrativa.

Siguiendo a Arocena y Marsiglia (2017), el territorio debe entenderse como una construcción social compleja, una escena donde interactúan actores diversos, proyectos de desarrollo, identidades culturales, intereses económicos y estructuras de poder.

Como venimos diciendo, se trata de un espacio dinámico donde se negocian permanentemente recursos, las prioridades, significados y oportunidades.

Bajo este enfoque, la responsabilidad social asociada al territorio adquiere una dimensión ético-política basada en la corresponsabilidad. El desarrollo deja de ser concebido como la suma de esfuerzos individuales y pasa a entenderse como un proceso colectivo que involucra a empresas, gobiernos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía. ¿Qué pasa en este sentido en la provincia de San Luis? ¿Como se constata el mapa de la pobreza, la desigualdad y la excusión según los datos censales?

¿Que nos están comunicando los datos duros?

Pobreza, desigualdad y exclusión: precisiones necesarias

Pobreza, desigualdad y exclusión no son sinónimos. La pobreza es una foto de la carencia de recursos mínimos; la desigualdad mide la brecha entre unos y otros. Castel (1997) describe la exclusión como un proceso de “desafiliación”: la pérdida de anclajes con el sistema productivo y las redes de protección estatal. Cuando el territorio no provee agua, saneamiento o educación, empuja a sus habitantes hacia esa vulnerabilidad. La CEPAL insiste en que la desigualdad es multidimensional: las carencias se acumulan y se refuerzan entre sí.

El territorio como eje estructurante

El territorio no es neutral: estructura la matriz de la desigualdad, ya que las oportunidades dependen muchas veces y en buena medida de la “lotería geográfica” y del interjuego entre las variables que inciden en los procesos de desarrollo. Este trabajo toma a la Provincia de San Luis, y sus nueve departamentos, como laboratorio para explorar cómo operacionalizar empíricamente esta mirada territorial de la desigualdad, como base para futuras políticas de gobernanza.

Sensores territoriales (Censo 2022)

Para insertarnos en el análisis de situación se seleccionaron tres indicadores como “sensores” de la presencia del Estado: Educación (% de personas que nunca asistieron a un establecimiento educativo), Agua de red (% de hogares con provisión de agua por red pública) y Saneamiento (% de hogares con desagüe a red cloacal). Son indicadores objetivos y comparables entre departamentos, aunque no captan calidad, continuidad ni costo del servicio, ni la calidad educativa. Miden acceso a infraestructura, no su desempeño integral.

Radiografía de las brechas

Los promedios provinciales ocultan fracturas profundas:

DepartamentoAgua de red (%)Cloacas (%)Nunca asistió (%)
Prov. San Luis93,2173,736,17
Ayacucho92,137,97,9
Belgrano65,622,17,8
Chacabuco92,256,17,0
Coronel Pringles87,950,26,3
General Pedernera94,088,66,3
Juan M. de Pueyrredón95,787,15,8
Junín95,012,24,7
DepartamentoAgua de red (%)Cloacas (%)Nunca asistió (%)
Gobernador Dupuy70,931,110,2
Libertador Gral. San Martín51,731,46,8

(Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Censo 2022)

Agua: la brecha entre Pueyrredón (95,7%) y Libertador Gral. San Martín (51,7%) es de 44 puntos porcentuales.

Cloacas: la fractura más severa, General Pedernera (88,6%) frente a Junín (12,2%), 76,4 puntos de diferencia. Junín, con 95% de agua, pero apenas 12% de cloacas, muestra que la infraestructura no avanza en bloque.

Educación: en Gobernador Dupuy el 10,2% nunca asistió a la escuela, más del doble que en Junín (4,7%), que a su vez lidera en inclusión educativa pese a su rezago sanitario. No existe una única geografía de la desigualdad en San Luis.

Patrones de acumulación y divergencia

Zonas de acumulación de desventajas (Belgrano, con déficits críticos en agua y saneamiento); zonas de divergencia infraestructural (Junín, alta cobertura de agua y bajísima en cloacas); y polos de integración (Pueyrredón y General Pedernera, con los mejores indicadores, coincidentes con la mayor actividad económica y el poder político), donde la inversión sigue la lógica de la densidad poblacional y profundiza las asimetrías con la periferia.

La RST como respuesta

Los datos censales analizados y según los aspectos presentados en la introducción permiten afirmar que, por ejemplo, los 76 puntos de diferencia en saneamiento no son solo un dato: son una explicitación de la falta de gobernanza efectiva al momento censal. La RST exige respuestas multiactorales, donde universidad, Estado, organizaciones públicas y sector privado se sienten a una mesa donde el territorio sea entendido como un compromiso compartido y donde estos indicadores permitan medir y evaluar esa responsabilidad.

Reflexiones finales

La desigualdad es un fenómeno relacional y situado: en este estudio constatamos que un departamento puede ser exitoso en una dimensión y estar en crisis en otra. Consideramos que la la gobernanza debe abandonar los rankings simplistas de “desarrollados” vs “subdesarrollados” y trabajar sobre las interconexiones entre educación, hábitat, infraestructura, cultura y ambiente. Este análisis es el puntapié inicial de toda estrategia posible de política de desarrollo socioeconómico para la provincia, entendimiento que no hay desarrollo integral posible sin una base empírica que visibilice a quienes hoy quedan fuera del mapa del bienestar porque capacidad para contribuir a la cohesión social, al equilibrio ambiental, a la construcción de condiciones que favorezcan un desarrollo territorial sostenible, entre otros, se constituyen en requisitos necesarios y excluyentes. En definitiva, un territorio fragmentado, desigual o ambientalmente degradado termina comprometiendo, tarde o temprano, la viabilidad de cualquier proyecto social y/o productivo por lo que facilitar procesos de diálogo, generar información confiable, promover capacidades institucionales y construir marcos compartidos para la toma de decisiones se torna necesario y vital. Su legitimidad proviene precisamente de su capacidad para actuar como puente entre saberes, intereses y escalas de acción diferentes.

La RST aparece entonces como un marco conceptual capaz de integrar desarrollo, participación, compromiso, co-construcción colectiva y sostenibilidad en una misma estrategia de futuro.

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